Derecho del Consumidor

Sí. La publicidad integra el contrato de consumo. Si el bien o servicio no coincide con lo anunciado, podés exigir el cumplimiento en los términos ofrecidos, una rebaja proporcional del precio o la rescisión con reintegro total de lo pagado. El proveedor no puede alegar que "fue solo publicidad": la oferta dirigida al público lo obliga en sus propios términos (arts. 7 y 8 LDC).

Los contratos de crédito y servicios financieros deben informar la tasa efectiva anual (TEA) en forma clara y destacada (art. 36 LDC). Si no lo hicieron, las cláusulas sobre intereses pueden declararse nulas y podés reclamar la devolución de todo lo cobrado de más, más daño punitivo cuando la conducta abusiva fue reiterada o sistemática. Este tipo de litigios es especialmente relevante en contratos bancarios masivos que afectan a miles de consumidores con los mismos términos.

El COPREC (Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo) es la instancia obligatoria para reclamos en CABA antes de ir a juicio. En la Provincia de Buenos Aires, el equivalente es la SLYT. Ambas son gratuitas para el consumidor y la audiencia suele fijarse en unos 30 días. La representación letrada en esa audiencia marca la diferencia: una empresa que no concurre o adopta una postura abusiva agrava su posición en el juicio posterior. Una negociación bien conducida frecuentemente resuelve el conflicto sin llegar a juicio.

El daño punitivo es una multa judicial adicional que se impone al proveedor que actuó con dolo, grave culpa, o cuya conducta fue reiterada o sistemática en perjuicio de los consumidores (art. 52 bis LDC). No repara el daño individual: sanciona la política corporativa abusiva. En casos de empresas que adoptan prácticas lesivas a escala masiva — bancos, aseguradoras, telecomunicaciones — el monto puede ser muy significativo y se acumula a la indemnización por el daño real sufrido.

No. Las cláusulas que limiten o hagan renunciar derechos reconocidos por la Ley 24.240 son absolutamente nulas de pleno derecho (art. 37 LDC). El consumidor no puede renunciar a su protección legal, ni siquiera si firmó el contrato. La empresa que incluyó esa cláusula puede ser sancionada por la autoridad de aplicación y queda expuesta a daño punitivo por incluir términos abusivos en contratos masivos.

Las compras por internet son contratos de consumo a distancia con protección plena de la Ley 24.240. Tenés derecho a recibir exactamente lo que compraste, en el plazo prometido y en condiciones adecuadas. Si no lo hacen, podés exigir el cumplimiento, la sustitución o la devolución del dinero más los daños causados. Además, tenés 10 días hábiles para arrepentirte de la compra sin dar ningún motivo (derecho de arrepentimiento, art. 34 LDC). Guardá capturas de la oferta publicada, la confirmación de compra y todo intercambio con la empresa.

Sí. El proveedor tiene obligación de dar de baja el servicio con la misma facilidad con que lo activó: si lo contrataste por teléfono o internet, tenés que poder darlo de baja por los mismos medios (botón de baja obligatorio). Si continuaron cobrando después de la solicitud de baja, podés reclamar la devolución de todos los importes cobrados indebidamente más daño moral. En casos de práctica reiterada — empresas que hacen esto sistemáticamente con miles de clientes — corresponde daño punitivo. Guardá el número de ticket de la baja o la captura de la confirmación.

No necesariamente. La inversión de la carga probatoria juega a tu favor: quien debe demostrar que hubo mal uso es el fabricante o service, no vos. Si no lo acreditan de forma fehaciente con un peritaje, la garantía aplica y podés exigir, a tu elección (art. 10 bis LDC): reparación sin cargo, sustitución del bien por uno de iguales características, o devolución del precio pagado. El rechazo injustificado de la garantía también puede habilitar una denuncia ante Defensa del Consumidor.